Ley de Tierras y extranjeros: qué está en juego con la reforma que debate el Congreso

Si sos inversor extranjero, asesor patrimonial u operás en el mercado de campos, hay un tema que conviene seguir de cerca: el Congreso argentino está debatiendo una reforma que podría cambiar de raíz las reglas para que personas y empresas extranjeras compren tierras rurales. Todavía es un proyecto, no una ley. Pero de aprobarse, modificaría uno de los marcos más restrictivos que rigieron la última década.

Antes de hablar de los cambios, conviene entender qué dice la norma que hoy sigue vigente.

Qué establece la Ley 26.737 (la que rige hoy)

La Ley 26.737, sancionada en diciembre de 2011, se llama "Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales". En criollo: puso techos a cuánta tierra rural pueden tener los extranjeros en Argentina.

Los tres límites centrales que fija son concretos. Primero, un tope del 15% sobre toda la tierra rural del país en manos extranjeras, porcentaje que además se computa a nivel provincial y municipal. Segundo, un máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero en la zona núcleo pampeana, o su superficie equivalente según la ubicación y productividad de la región. Tercero, un tope del 30% dentro de ese 15% para titulares de una misma nacionalidad, pensado para evitar concentración de un solo país.

La ley también creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, que lleva el control de quién es dueño de qué, y sumó restricciones específicas en zonas sensibles: fronteras, cuerpos de agua, glaciares y lagos. Toda esta arquitectura es la que la reforma busca desarmar.

Qué propone el proyecto y en qué estado está: Ley de tierras extranjeros

El Poder Ejecutivo envió el proyecto al Congreso a fines de marzo de 2026, dentro de una iniciativa más amplia denominada "Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsada desde el Ministerio de Desregulación que conduce Federico Sturzenegger. El paquete toca varios temas —expropiaciones, desalojos, manejo del fuego— pero acá nos interesa el capítulo de tierras rurales.

En materia de extranjeros, el texto apunta a eliminar el tope del 15%, quitar el cupo máximo por nacionalidad y sacar el límite de 1.000 hectáreas. La lógica de fondo es delegar en las provincias la potestad de autorizar y regular esas operaciones, en lugar de un tope nacional uniforme. Se sumó además el criterio de "silencio administrativo positivo": si el Estado no responde en el plazo fijado a un pedido de autorización, la operación queda aprobada automáticamente.

No todo se libera. El proyecto mantiene la prohibición para que Estados extranjeros —o entidades donde un gobierno foráneo tenga participación decisiva— adquieran tierra rural argentina, con una cláusula de excepción que exige pedido expreso de la provincia y autorización previa del Poder Ejecutivo Nacional. En zonas de frontera se conserva un control reforzado: cada operación necesitaría aval provincial y nacional, con criterios de seguridad y soberanía. En el debate también apareció una salvedad vinculada a la cuestión Malvinas.

Un punto clave para quien evalúa moverse: al día de esta publicación, esto sigue siendo un proyecto en trámite, no una ley. Obtuvo dictamen de mayoría en el Senado, pero su tratamiento en el recinto fue conflictivo y quedó sujeto a idas y vueltas políticas, con sesiones postergadas. Aun de avanzar en el Senado, necesitaría el visto bueno de Diputados. El estado legislativo exacto no está confirmado y puede cambiar semana a semana.

Cómo se compara con la región y qué mirar

Vale ubicar el debate en contexto regional, porque a veces se presenta a la ley actual como una rareza y no lo es. Brasil limita la tenencia extranjera al 25% del área rural de cada municipio y fija máximos de entre 250 y 5.000 hectáreas según la zona. Chile restringe principalmente la tierra fronteriza por razones de soberanía. Uruguay históricamente fue más laxo y justamente por eso viene discutiendo cómo poner límites. Es decir: casi todos los vecinos mantienen alguna regulación, con esquemas diversos.

Para el inversor o el asesor patrimonial, la conclusión práctica no es apurar conclusiones sino monitorear. Si la reforma se aprueba tal como está planteada, se abriría la puerta a operaciones hoy vedadas por superficie o por nacionalidad, con una capa provincial de autorización que habría que analizar jurisdicción por jurisdicción. Si no prospera, sigue plenamente vigente el régimen de 2011 con sus topes. En cualquiera de los dos escenarios, la due diligence sobre titularidad, ubicación (frontera o no) y encuadre en el Registro Nacional de Tierras Rurales sigue siendo obligatoria antes de firmar nada.

Este es un tema en movimiento. Antes de estructurar una compra basándote en el marco nuevo, confirmá el estado legislativo al momento de la operación: hoy, lo que rige es la ley vigente, no el proyecto. En cuanto a la Ley de tierras extranjeros deben tener especial cuidado.